La era digital ha transformado la forma en que consumimos productos y servicios, generando nuevos retos para la administración tributaria. En este contexto, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha intensificado su enfoque en la tributación de los servicios digitales prestados por empresas extranjeras a personas naturales en el Perú. Para el 2025, se estima que la recaudación por este concepto superará los 200 millones de dólares, reflejando el impacto de esta política fiscal en la economía digital.
¿Cuáles son los servicios digitales gravados?
Los servicios digitales sujetos a impuestos incluyen plataformas de entretenimiento y contenido bajo demanda como Netflix, Spotify, Disney+, Amazon Prime Video y otras. También se encuentran en esta categoría los servicios de software en la nube, suscripciones a plataformas de videojuegos, y la adquisición de bienes digitales como aplicaciones, libros electrónicos y cursos en línea.
¿Cómo se aplica el impuesto?
Se debe resaltar que SUNAT aclaró que la normativa, que modifica la Ley del IGV en relación con el uso de servicios digitales en el país y la importación de bienes intangibles a través de internet, no implica la creación de un nuevo impuesto. Más bien, establece un mecanismo para recaudar el IGV por los servicios digitales prestados por proveedores no domiciliados en el Perú, siempre que los consumidores sean personas naturales sin negocio.
Para ello, se ha regulado un proceso de recaudación mediante la inscripción al RUC, de manera que las plataformas digitales puedan declarar y pagar el IGV.
Si las plataformas extranjeras no se registran o incumplen con determinadas obligaciones, se ha previsto un mecanismo residual a través de las entidades financieras, que actuarán como agentes facilitadores del pago del impuesto, encargándose de la percepción y/o retención del IGV sobre las transacciones realizadas por los usuarios finales.
Asimismo, debemos tener presente que el tributo a los servicios digitales es un mecanismo de retención en la fuente, lo que significa que el impuesto se recauda directamente al momento del pago con tarjetas de crédito o débito emitidas en el Perú. En la mayoría de los casos, las propias empresas extranjeras incorporan el tributo en la facturación del usuario, garantizando el cumplimiento fiscal sin afectar la operatividad de los servicios.
Impacto en los consumidores y la economía
Para los usuarios peruanos, la aplicación de este impuesto podría traducirse en un incremento en los costos de suscripciones y compras digitales. Sin embargo, desde la perspectiva del Estado, esta medida busca equiparar las condiciones fiscales entre proveedores locales e internacionales, promoviendo una competencia más justa y asegurando una mayor recaudación tributaria.
Desafíos y perspectivas
Si bien la tributación de servicios digitales representa un avance en la regulación de la economía digital, también plantea desafíos en su fiscalización y aplicación efectiva. La SUNAT deberá continuar fortaleciendo sus mecanismos de control para evitar la elusión fiscal y garantizar que todas las plataformas cumplan con sus obligaciones tributarias en el país.
En definitiva, la imposición de tributos a los servicios digitales en el Perú responde a una tendencia global en la que los gobiernos buscan adaptar sus sistemas tributarios a las nuevas dinámicas del comercio digital. Con una recaudación proyectada de más de 200 millones de dólares en 2025, esta medida marcará un hito en la política fiscal peruana y en la regulación del consumo digital en el país.
La implementación del impuesto a los servicios digitales en el Perú refleja la evolución del sistema tributario frente a la economía digital. Sin embargo, su correcta aplicación y cumplimiento pueden generar dudas o desafíos para los contribuyentes. En este contexto, contar con una asesoría especializada resulta clave para garantizar el cumplimiento normativo y optimizar la carga fiscal.
En Araya & Cía. Abogados, nuestro equipo de expertos en materia tributaria brinda asesoramiento integral para empresas y personas naturales, asegurando que nuestros clientes cumplan con sus obligaciones fiscales de manera eficiente y estratégica.
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Olga Sánchez C.
Gerente General Araya & Cía.
