Olga Sánchez, gerente general de Araya & Cía. Abogados, apunta que incluye lineamientos para el progreso de más de dos millones de hombres y mujeres del campo y de la agricultura familiar.
El pasado 16 de octubre del 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, mediante el cual se aprobó la Política General de Gobierno para el período 2021-2026, y se podría decir, que se oficializaron las bases de la denominada Segunda Reforma Agraria.
Los lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno, orientan el desarrollo y actualización de políticas nacionales, planes e intervenciones gubernamentales, y se encuentran interrelacionadas con las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Visión del Perú al 2050.
La Política General de Gobierno para el período 2021-2026 se desarrolla sobre diez ejes principales, que se encuentran interrelacionados y que orientan las acciones de las distintas entidades públicas para el alcance de sus objetivos.
Entre los objetivos de dicha norma se contemplan mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, promover la vacunación contra la COVID-19, la lucha contra la inseguridad ciudadana, educación técnica productiva, fortalecimiento de la descentralización basado en el diálogo, potenciar la industria nacional entre otros.
Esta política general sienta las bases de la segunda reforma agraria, pues incluye lineamientos y prioridades para promover el desarrollo de los más de dos millones de hombres y mujeres del campo y de la agricultura familiar. Sobre este punto, de los diez ejes principales, dos de ellos están vinculados al sector agrario y son:
– Primer Eje: generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria.
Por el cual se busca promover la seguridad alimentaria para combatir el hambre y la desnutrición impulsando los programas de compras estatales con énfasis en la producción agrícola, ganadera e hidrobiológica nacional para combatir el hambre y la desnutrición.
Asimismo, promover mecanismos de apoyo a las organizaciones sociales de ollas comunes y comedores populares para combatir el hambre en las zonas rurales y urbanas.
– Segundo Eje: reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural.
El cual dispone el impulso de la reactivación de actividades productivas con desarrollo agrario y rural, cuyas líneas de intervención consisten en otorgar a servicios de extensión, capacitación, asistencia técnica y crédito, promoviendo la asociatividad y el cooperativismo entre los productores.
Fomentar la seguridad hídrica en el agro con siembra y cosecha de agua e inversión en sistemas de riego modernos y tecnificados, con sistemas de gestión sostenible del agua para el uso productivo, social y ambiental.
Igualmente, prevé impulsar la industrialización rural y la transformación productiva del campo, con mejor conectividad y planes de negocios para general mayor valor agregado en los productos agropecuarios y forestales.
Y por último, este eje propone el desarrollo de una banca de fomento agrario al servicio de la agricultura familiar, comunera y cooperativa en el país.
Esperemos que las normas a publicarse en torno a esta segunda reforma agraria, sean realmente inclusivas tanto para las grandes, medianas y pequeñas empresas productoras y exportadoras que hoy en día necesitan un clima de estabilidad económica para seguir invirtiendo en el Perú, sin preguntarse a diario qué pasará en el país en dos meses, un año o dos, pues la agricultura es una actividad económica de largos plazos.
